MONUMENTO A COLÓN:
FUERTE RECHAZO A QUE LO LLEVEN A MAR DEL PLATA


Hubo duras críticas al Gobierno en la audiencia pública para que sea declarado patrimonio porteño. Buscan impedir la mudanza, hoy frenada por la Justicia.
Acostado espera. Colón en la posición en que se encuentra desde el 29 de junio, cuando el Gobierno nacional comenzó a desmontarlo. / NÉSTOR GARCÍA

Por Romina Smith

Atropello. Capricho. Desacato. Discriminación. Ayer, la pelea por el traslado del Monumento a Cristóbal Colón se mudó a una audiencia pública en la Legislatura porteña donde durante más de dos horas hubo conceptos durísimos contra el Gobierno nacional por la intención, ya repetida varias veces por funcionarios cercanos a la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, de reemplazarlo por otra escultura dedicada a la luchadora Juana Azurduy, figura de la lucha por la Independencia. La idea del encuentro era discutir una ley que busca declarar a la estatua “bien integrante del patrimonio cultural” de la Ciudad. De esa forma, buscarán bloquear el proyecto que impulsa el Ejecutivo nacional de llevarla a Mar del Plata.

Mientras Colón espera su futuro acostado sobre tarimas de madera en la plaza que lleva su nombre y que está detrás de la Casa Rosada, la discusión de ayer giró todo el tiempo sobre el mismo eje: que el monumento no se mueva de ahí. O que sí: pero que sea sólo para volver a estar erguido, sobre su base histórica, como lo estuvo desde que fue inaugurado el 15 de junio de 1921, después de haber llegado como regalo de la colectividad italiana por el primer Centenario de la República. Hubo diputados (ninguno del kirchnerismo), integrantes de ONGs, representantes de federaciones italianas y vecinos. Y muchas críticas por la manera en que el Gobierno nacional llevó adelante el desmantelamiento y su idea de avanzar en la mudanza.

El proyecto que impulsó la audiencia fue presentado por el diputado Fernando Sánchez, de la Coalición Cívica. El expediente que se trató en la Comisión de Cultura ya obtuvo aprobación inicial en mayo y es una ley de doble lectura. “La vida política nos ha llevado a situaciones desopilantes en los últimos tiempos: hoy el monumento a Colón es objeto de una suerte de capricho monárquico, totalmente anacrónico, reñido con la ley y fuera de lugar”, disparó la diputada nacional Laura Alonso (PRO), la primera en tomar la palabra. Y fue por más: “Aquí estamos discutiendo la defensa de la autonomía de la Ciudad”. Los legisladores Pablo Bergel y Julio Raffo (Proyecto Sur) también hablaron en esa línea.


Audiencia. Unos 20 oradores participaron ayer de la audiencia. / G DELL’ORO


El subsecretario porteño de Planeamiento Urbano, Héctor Lostri, que instó a revisar el convenio de 1997 que permitió enrejar la plaza Colón a la Nación, y la directora General de Patrimonio e Instituto Histórico, Liliana Barela, asistieron en representación de la Ciudad. “Estamos en un momento crítico donde la falta de respuestas a la ley pone en peligro las instituciones de la República, porque el monumento ya fue removido”, se enojó la funcionaria.
Los más emotivos (además de furiosos) fueron los representantes de la comunidad italiana. Irma Rizutti, dirigente desde hace más de 25 años, habló con tristeza de la “pasión y el agradecimiento” de los primeros italianos que llegaron a estas tierras. Pero aseguró que ninguna de las 1.200 asociaciones italianas del país tenía conocimiento “de esta medida arbitraria y caprichosa”. Más calmo, Julio Croci, secretario de la Federación Calabresa, habló de pluralidad: “No es una cosa o la otra, no creemos incompatible que estén en una misma plaza un monumento a Azurduy y otro de Colón”.

Fue el único: el resto de los oradores, unos 20, fueron aún más duros y pidieron más presencia de la Ciudad, como María del Carmen Usandivaras, de Basta de Demoler, la ONG que frenó la mudanza con un amparo. “Colón jamás podría haber tocado más tierra que ahora”, se enojó. El Defensor del Pueblo de la Ciudad, Gerardo Gómez Coronado, dijo que más allá del reconocimiento que amerita Azurduy, les preocupa que la Nación “considere como jardines de la Casa Rosada a un parque público” de la Ciudad. “En todo caso la remoción de un monumento debería cumplir trámite parlamentario”, destacó. Más irónico aún, Atilio Alimena, también Defensor Adjunto, dijo que haber puesto sobre el suelo al monumento es un “desacato a la ley, un atropello y un capricho”, y se planteó qué pasaría “si lo sacaran antes de que la Justicia defina a qué distrito pertenece”.

La fecha límite del amparo es el 12 de septiembre. La ley que se discutió ayer ya obtuvo primera aprobación y ahora espera un nuevo dictamen para, con otra votación, ver si logra su objetivo.

Fuente: clarin.com

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