El gobierno porteño denunció
que la Casa Rosada tiene "tomada" la plaza Colón, luego de la remoción
de la estatua del descubridor de América, realizada el sábado pasado a
pesar de que existía una orden judicial que impedía al Gobierno su
desmantelamiento sin acuerdo previo con las autoridades de la ciudad.
Funcionarios locales intentaron ingresar en el predio para verificar el estado de la escultura monumental , pero no pudieron hacerlo.
La estatua yacía ayer de cara al cielo, sobre unas
tablas de madera, presuntamente para ser restaurada, tal indicaron desde
la Nación. La Policía Federal custodia la plaza enrejada, cerrada con
candado, y no permite el ingreso de nadie."Hemos ido con una orden de la fiscal [Verónica] Guagnino, como hace algunas semanas, para ingresar en la plaza, pero fue imposible. Esto es grave, ilógico, no es posible que alguien tome una plaza como un lugar propio. Si la policía no atiende la orden de la Justicia, ¿a quién responde? Usaron la fuerza pública para impedir nuestro paso. Nuestra sospecha es que van a mudar el monumento a Colón", dijo ayer a LA NACION Patricio Distéfano, subsecretario de Uso del Espacio Público porteño.
El gobierno porteño dispuso la custodia de agentes de Espacio Público de la ciudad en el exterior de la plaza Colón para evitar que la Nación intente trasladar la estatua a Mar del Plata, como es su intención, hasta ahora impedida por una orden judicial.
Diatribas de Parrilli
No lejos de la plaza Colón, allí donde está emplazado
el Monumento España Civilizadora, en el final de la Costanera Sur, el
secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, habló con los
medios de prensa. "Hay que dar una discusión de fondo, seria, profunda,
racional sobre los símbolos que nos representan a todos los argentinos, y
sobre quién debe estar en la sede de la Casa de Gobierno, y nosotros no
escapamos a eso", dijo.Agregó: "La Presidenta entendió que Juana Azurduy es la indicada para eso, porque no sólo fue una gran luchadora por la independencia argentina, es una mujer y no hay monumento a la mujer que luchó por la independencia argentina [...] Otros preferirían que sea la de un representante del FMI o de la reina de Inglaterra".
En un ataque directo a Mauricio Macri, Parrilli dijo: "Si tanto le gusta al jefe de gobierno, debería cuidar este monumento que está aquí tirado. Nosotros hicimos lo que corresponde y vamos a restaurar el monumento [a Colón] por más que les pese a Macri y a [Horacio] Rodríguez Larreta". Añadió: "Macri no tiene autoridad ni política ni de gestión" para "acusar al gobierno nacional de que no está respetando o conservando los monumentos históricos" de la ciudad.
La respuesta vino de boca de Rodríguez Larreta, que ayer dijo a Radio 10: "Hay una orden de un juez que dice que no se puede trasladar, que si hubiera que hacer un arreglo, se tendría que hacer en forma conjunta. Se «cagaron» olímpicamente en la orden del juez y avanzaron igual". Con Ironía, agregó: "Es increíble que se genere un conflicto por la ubicación de la estatua de Cristóbal Colón. Si se permite, se llevan el Obelisco sin avisar".
El fallo, firmado el 12 de junio por la jueza María Alejandra Biotti, obliga al Gobierno a "abstenerse de concretar cualquier acto que implique el traslado del monumento [...], sin perjuicio de las medidas [...] para la conservación y/o preservación". En ese caso, resolvió que las tareas se harán "en concurrencia con las autoridades respectivas [el gobierno de la ciudad]". El plazo de vigencia de la medida es de tres meses.
LA NACION anticipó en la edición de ayer que el Gobierno había pagado por lo menos US$ 84.536,58 dólares por la contratación de grúas hidráulicas, por una semana, para remover el monumento. Ayer, las empresas Alpa Vial SA (a la que el Gobierno encomendó la remoción de la estatua) y Tecmaco (subcontratada), no quisieron responder a las inquietudes de este medio.
Más denuncias
Ayer, la ONG Basta de Demoler presentó una denuncia
contra el Gobierno en el Juzgado Federal N°3, a cargo de Daniel Rafecas,
por violación del derecho ambiental (artículo 41 de la Constitución
nacional) y con el fin de que se restituya el monumento a Colón que fue
removido el sábado pasado de su emplazamiento original."Es necesario que se inicie la investigación sobre la presunta comisión del delito de abuso de autoridad precisamente por el obrar contrario a la Constitución y las leyes por parte de la señora Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tipificado en el Código Penal...", dice la denuncia presentada por el abogado ambientalista Mariano Julio Aguilar.
Así, el monumento a Colón donado por la comunidad italiana hace casi 100 años sigue en medio de una disputa política.
Como si el huésped se llevara los muebles
Por Horacio Savoia / Para LA NACIÓN
La
remoción del monumento a Colón viola dos leyes nacionales y un artículo
de la Constitución porteña. En todos los casos, lo que se advierte es
el desconocimiento del ordenamiento legal por parte de la Secretaría
General de la Presidencia.
La ley 5105, de 1907, autoriza la aceptación del
monumento, donado por la comunidad italiana. El texto determina que el
lugar de su emplazamiento debe ser la plaza Colón, la misma que hoy
conocemos, que se llama así desde 1894. Cualquier cambio en ese sentido
exige, por lo tanto, una modificación de esa ley.Por otro lado, la ley 1029, de 1880, que declara capital el municipio de Buenos Aires, señala que los edificios municipales, como por ejemplo los monumentos, "no pierden su carácter". Esto significa que la Nación no puede disponer de ellos, ya que su condición es la de edificio municipal.
Legalmente la situación es muy clara, pero si aún faltara alguna otra explicación, podría citar las palabras de Carlos Tejedor, quien en su momento señaló que "el gobierno nacional es un huésped de la ciudad". Un huésped calificado, por supuesto, pero huésped al fin. Con este episodio de la remoción de la estatua de Colón, estamos ante una escena en la que el huésped dispone de los bienes del dueño de casa.
Al mismo tiempo, el artículo 81 de la Constitución porteña también es muy claro cuando le reconoce a la Legislatura la facultad inalienable de disponer el emplazamiento de monumentos y esculturas (artículo 7) y legislar en materia de preservación y conservación del patrimonio cultural (artículo 8). Por lo tanto, es evidente -como bien lo indica la sentencia interlocutoria vigente- que lo que se ha producido es una violencia contra el ordenamiento legal.
La lesión que se ha cometido atenta contra las leyes nacionales y la Constitución porteña. Las colectividades italiana y española no son las únicas agraviadas; también lo es, por estas razones, el resto de la sociedad argentina.
Fuente: lanacion.com
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