Espacio público.
Fue
enrejada en 2008 y sólo la abrieron 3 días, durante la inauguración del
monumento a Juana Azurduy, que reemplazó al de Colón.
Desde la reja. Así se ve el espacio verde en el que está la estatua de Juana Azurduy, un lugar que, según un acuerdo, debería estar abierto al público. Foto: Lorena Lucca |
Pablo Novillo
Sólo tres días en los últimos ocho años.
La Plaza Colón, el espacio verde que queda detrás de la Casa Rosada,
sigue cerrada. Desde 2008, cuando el Gobierno nacional puso la reja,
sólo pudo ser aprovechada por la gente tres días, durante el festival
por la inauguración de la estatua de Juana Azurduy, que reemplazó al
monumento a Colón. Por ahora, nada hace pensar que vuelva a estar
disponible para los vecinos.
La única vez en los últimos años en que los vecinos pudieron entrar a este espacio verde ubicado entre la Casa Rosada y la avenida La Rábida fue entre la noche del 15 de julio y el sábado 18, cuando fue inaugurada la estatua de Azurduy. Tras el acto encabezado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente boliviano Evo Morales (el Gobierno de Bolivia donó el monumento, que costó un millón de dólares), la plaza quedó abierta para una serie de festejos, que incluyeron espectáculos de baile, recitales de importantes grupos folclóricos y una feria gastronómica.
Pero ni antes ni después se pudo volver a entrar. El conflicto comenzó en 2007, cuando fueron inauguradas las obras de remodelación de la plaza y ensanche de La Rábida, que incluyeron el enrejado. En ese año, el Gobierno porteño, entonces a cargo de Jorge Telerman, firmó un convenio con el ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, en el cual se estipulaba que la plaza estaría abierta salvo cuando la Nación debiera “disponer las medidas de seguridad que estime pertinentes en ocasión de desarrollarse actos del Gobierno Nacional en Plaza Colón”, como recepciones a autoridades extranjeras y otras. Pero la Nación nunca cumplió. Más allá del argumento de la seguridad, lo cierto es que la Plaza Colón fue inaugurada el 9 de octubre de 1904 y desde entonces siempre había estado abierta.
Además del uso del espacio público, la discusión de fondo tiene que ver con la autonomía porteña. En 1996, cuando la Ciudad pasó a tener sus propia Constitución y sus autoridades electas, se dispuso que todas las plazas y parques y sus monumentos pasaran a la órbita del Estado porteño.
La situación se complicó aún más cuando se conoció en 2013 que el Gobierno kirchnerista quería sacar el monumento a Cristóbal Colón, que estaba en la plaza desde 1921, para reemplazarlo por la imagen de Azurduy. Pese a las quejas de las colectividades italianas, que en su momento habían donado la estatua de Colón, y a los recursos judiciales que presentaron vecinos y el propio Gobierno porteño, la Nación siguió adelante. La Legislatura porteña sancionó incluso una ley para impedir el traslado. Pero luego el Gobierno porteño y el nacional terminaron llegando a un acuerdo político: a cambio de que le permitieran el reemplazo de estatuas, la Nación autorizó a que la Ciudad continuara las obras de la autopista Illia, que también estaban bloqueadas. Hoy el monumento a Colón está en la Costanera Norte, donde debe ser reinstalado.
Otro paso más de la apropiación de la plaza sucedió hace un año, cuando la presidenta firmó el decreto N° 1.137, por el cual determinó nombrar como Lugar Histórico Nacional “al conjunto urbano constituido por la Casa Rosada, el Museo del Bicentenario, la Plaza Colón y la Reja Federal (sic)”. Así, le quitó el espacio verde al patrimonio porteño.
El siguiente capítulo de esta discusión podría venir por el lado del mismo nombre de la plaza. Durante el acto de inauguración de la nueva estatua, la transmisión oficial insistía en mencionar al lugar como “Plaza Azurduy”. Pero el nombre oficial sigue siendo “Plaza Colón”, y la única forma para rebautizarla sería que la Legislatura porteña apruebe, en doble lectura, una ley con el cambio de nombre. Según confirmaron en la Comisión de Cultura de la Legislatura porteña, aún no recibieron ningún proyecto en ese sentido.
La única vez en los últimos años en que los vecinos pudieron entrar a este espacio verde ubicado entre la Casa Rosada y la avenida La Rábida fue entre la noche del 15 de julio y el sábado 18, cuando fue inaugurada la estatua de Azurduy. Tras el acto encabezado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente boliviano Evo Morales (el Gobierno de Bolivia donó el monumento, que costó un millón de dólares), la plaza quedó abierta para una serie de festejos, que incluyeron espectáculos de baile, recitales de importantes grupos folclóricos y una feria gastronómica.
Pero ni antes ni después se pudo volver a entrar. El conflicto comenzó en 2007, cuando fueron inauguradas las obras de remodelación de la plaza y ensanche de La Rábida, que incluyeron el enrejado. En ese año, el Gobierno porteño, entonces a cargo de Jorge Telerman, firmó un convenio con el ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, en el cual se estipulaba que la plaza estaría abierta salvo cuando la Nación debiera “disponer las medidas de seguridad que estime pertinentes en ocasión de desarrollarse actos del Gobierno Nacional en Plaza Colón”, como recepciones a autoridades extranjeras y otras. Pero la Nación nunca cumplió. Más allá del argumento de la seguridad, lo cierto es que la Plaza Colón fue inaugurada el 9 de octubre de 1904 y desde entonces siempre había estado abierta.
Además del uso del espacio público, la discusión de fondo tiene que ver con la autonomía porteña. En 1996, cuando la Ciudad pasó a tener sus propia Constitución y sus autoridades electas, se dispuso que todas las plazas y parques y sus monumentos pasaran a la órbita del Estado porteño.
La situación se complicó aún más cuando se conoció en 2013 que el Gobierno kirchnerista quería sacar el monumento a Cristóbal Colón, que estaba en la plaza desde 1921, para reemplazarlo por la imagen de Azurduy. Pese a las quejas de las colectividades italianas, que en su momento habían donado la estatua de Colón, y a los recursos judiciales que presentaron vecinos y el propio Gobierno porteño, la Nación siguió adelante. La Legislatura porteña sancionó incluso una ley para impedir el traslado. Pero luego el Gobierno porteño y el nacional terminaron llegando a un acuerdo político: a cambio de que le permitieran el reemplazo de estatuas, la Nación autorizó a que la Ciudad continuara las obras de la autopista Illia, que también estaban bloqueadas. Hoy el monumento a Colón está en la Costanera Norte, donde debe ser reinstalado.
Otro paso más de la apropiación de la plaza sucedió hace un año, cuando la presidenta firmó el decreto N° 1.137, por el cual determinó nombrar como Lugar Histórico Nacional “al conjunto urbano constituido por la Casa Rosada, el Museo del Bicentenario, la Plaza Colón y la Reja Federal (sic)”. Así, le quitó el espacio verde al patrimonio porteño.
El siguiente capítulo de esta discusión podría venir por el lado del mismo nombre de la plaza. Durante el acto de inauguración de la nueva estatua, la transmisión oficial insistía en mencionar al lugar como “Plaza Azurduy”. Pero el nombre oficial sigue siendo “Plaza Colón”, y la única forma para rebautizarla sería que la Legislatura porteña apruebe, en doble lectura, una ley con el cambio de nombre. Según confirmaron en la Comisión de Cultura de la Legislatura porteña, aún no recibieron ningún proyecto en ese sentido.