La directriz llega unos días después de que una turba intentara tumbar la estatua ecuestre de Andrew Jackson, séptimo presidente de EE.UU.
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| Manifestantes intentan derribar la estatua de Andrew Jackson - REUTERS
David Alandete - Corresponsal en Washington
Mientras la Casa Blanca ultima un decreto con el que protegerá los monumentos históricos bajo ataque por la ola de protestas raciales que comenzó a finales de mayo, Donald Trump ya le ha encargado la custodia de estas estatuas al cuerpo de los U.S. Marshalls, una policía federal que depende del ministerio de Justicia.
Además,
a petición del Gobierno federal, el Pentágono ha movilizado en Washington a 400
soldados reservistas de la Guardia Nacional para proteger los
monumentos en la capital, después de una oleada de derribos y de que los
manifestantes hayan amenazado incluso con tumbar una estatua de Abraham
Lincoln, el presidente que le ganó la guerra a la Confederación esclavista.
Estos soldados no irán armados.
Según
ha revelado el diario ‹The Washington Post›, la Casa Blanca envió una directiva
al departamento de Justicia para que ponga a los Marshalls en alerta para
encargarse de la protección de las estatuas que estén en propiedad federal.
Toda la capital, por ejemplo, es un distrito federal bajo supervisión directa
del Gobierno central.
Los Marshalls son el primer cuerpo de policía federal de EE.UU., fundados en 1789. Se encargan de las labores policiales relacionadas con la justicia federal, incluidos arrestos, protección de testigos y extradiciones. El cuerpo lo integran más de 2.500 agentes, a cuyos supervisores los elige el presidente directamente.
La
directriz llega unos días después de que una turba intentara tumbar la estatua
ecuestre de Andrew Jackson, séptimo presidente de EE.UU., ante la entrada
principal de la Casa Blanca. Ante aquel intento frustrado, el presidente Trump
pidió a la fiscalía que aplique la ley de Protección de los Monumentos a los
Veteranos y pida 10 años de prisión para quienes vandalicen esos monumentos.
Trump
prepara un decreto para endurecer las penas contra quienes derriben o vandalicen
estatuas
Ampliará una ley de
2003 que establece penas de diez años de cárcel para las agresiones contra
monumentos de militares.
Ante el derribo generalizado de estatuas en Estados Unidos, el presidente de EE.UU. anunció este martes que firmará un decreto para protegerlas y penalizar a quienes las vandalicen. «Queremos largas penas de cárcel para estos vándalos, matones, anarquistas, agitadores, llámenles como quieran, son mala gente, no aman a nuestro país, pero no voy a permitir que tumben nuestros monumentos, eso que quede claro», dijo Donald Trump a la prensa antes de salir de la Casa Blanca para visitar la frontera.
El
martes por la noche, Trump pudo ver claramente desde su residencia en los pisos
superiores de la Casa Blanca cómo una turba le ataba unas sogas al cuello
a la estatua ecuestre del presidente Andrew Jackson y
trataba de tumbarla antes de que interviniera la Policía, que arrestó
a varios de los agresores. Antes, estos pintaron en el pedestal de la escultura
las palabras «asesino» y «escoria». A pesar del intento, la escultura seguía
ayer en pie.
«Voy
a firmar una orden ejecutiva [decreto] dentro de poco, y lo que voy a hacer con
esto es reforzar lo que ya existe, para dejarlo todo más uniforme», dijo el
presidente. Se refería a una ley aprobada por el Capitolio en 2003 que, bajo el
título de Preservación de los Monumentos a los Veteranos, establece que quien
«intencionalmente agreda o destruya, o intente agredir o destruir, cualquier
estructura, placa, estatua u otro monumento en propiedad pública que conmemore
el servicio de cualquier persona o personas en las Fuerzas Armadas de los
Estados Unidos serán multados bajo este título, encarcelados no más de 10 años,
o ambos».
Arrestos
Antes,
en la red social Twitter, el presidente había amenazado precisamente con esa
ley a los que intentaron derribar la estatua de Jackson, fracasaron y fueron
detenidos. «He autorizado al Gobierno Federal a arrestar a cualquier persona
que vandalice o destruya cualquier monumento, estatua u otra propiedad federal
en los Estados Unidos con hasta 10 años de prisión, según la Ley de
Preservación de los Monumentos a los Veteranos, o cualquier otra ley
pertinente».
Esa
ley en concreto, sin embargo, sólo se aplicaría a aquellos monumentos que
representen a líderes militares o políticos que antes sirvieran en las Fuerzas
Armadas, como el general Robert E. Lee, comandante del Ejército
Confederado; Ulysses S. Grant, comandante de las fuerza de la
Unión, o el propio Jackson, que fue general mayor de la milicia de Tennessee.
La Casa Blanca trabaja ahora para ampliarla al resto de monumentos. En Twitter,
Trump ha compartido mensajes muy críticos con el derribo y la retirada de las
estatuas de Cristóbal Colón.
La
protesta racial tras la muerte del afroamericano George Floyd bajo
custodia policial el 25 de mayo ha mutado en un movimiento contra las estatuas
de los generales confederados primero, el legado hispano en toda Norteamérica
después y, finalmente, contra presidentes de todo signo, demócratas como
Jackson, o republicanos como Grant.
La
semana pasada, los manifestantes derribaron varias estatuas de Colón, dos de fray Junípero Serra y hasta
pintarrajearon un busto de Miguel de Cervantes en un parque de
San Francisco, llamándole «bastardo». En Washington, también se pintó hace tres
semanas el pedestal de la estatua en bronce de la Reina Isabel la
Católica ante la sede histórica de la Organización de los Estados
Americanos, que fue un regalo de España.
Los
demócratas se han sumado a esa batalla, y en California, donde controlan tanto
el ejecutivo como el legislativo, han retirado una estatua de mármol de la
Reina Isabel y Colón del Capitolio de Sacramento. Concejales de ese partido en
todo el país han propuesto y defendido la retirada de estatuas de Colón, fray
Junípero y otras figuras históricas.
Trump
es un gran admirador de Jackson, el séptimo presidente de la nación y primer
líder del Partido Demócrata tal y como se entiende a este en la actualidad.
Jackson tuvo esclavos y forzó un éxodo masivo de comunidades nativas con una
dura ley de expropiaciones. En 1818 invadió la parte de la Florida que todavía
estaba bajo la soberanía española, con lo que forzó la anexión definitiva de
toda la península por parte de EE.UU. Nada más llegar a la Casa Blanca, Trump
colgó en el Despacho Oval un retrato de ese presidente.
Quema
de la bandera
En
un mitin el sábado en Oklahoma, el presidente dijo que quiere
que la quema de banderas sea castigada con pena de cárcel de hasta un año.
«Deberíamos elaborar una legislación que establezca que si quemas la bandera
estadounidense irás a la cárcel por un año. Debemos hacerlo. Hablamos de
libertad de expresión, pero eso en realidad es profanación», dijo Trump. La
Corte Suprema, sin embargo, ha fallado en ocasiones anteriores que la quema de
banderas entra dentro de la libertad de expresión y por tanto es legal bajo la
primera enmienda de la Constitución.
Estas
propuestas de Trump han tenido su eco en el Senado, donde los republicanos son,
de momento, mayoría. El líder conservador en esta Cámara Baja, Mitch
McConnell, dijo ayer en un discurso en el hemiciclo: «Los estadounidenses
saben que una nación imperfecta construida por héroes imperfectos sigue siendo
la Unión más perfecta que el mundo haya visto», dijo. «Y cuando el polvo se
asienta, nunca son las turbas o los matones a quienes honramos. Son los
valientes líderes quienes los confrontan».
El
senador conservador Tom Cotton, del estado de Arkansas, pidió a la
Casa Blanca que tomara medidas urgentes y contundentes ante las agresiones a
todas las estatuas, no sólo las de los militares confederados, que se
levantaron en armas contra el Gobierno para defender la esclavitud. «Las turbas
violentas, en las últimas semanas, han atado y destruido estatuas y monumentos
en todo nuestro país. Estos delincuentes se disfrazan de manifestantes que
ejercen su legítimo derecho a reunirse pacíficamente, pero no puede haber
derecho a destruir la propiedad pública o privada», dijo Cotton en una carta
enviada a William Barr, el fiscal general [ministro de Justicia].
Fuente ABC internacional |
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