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PROTEGIDA. UN OBRERO TRABAJA EN EL RECICLAJE DE UNA VIEJA VIVIENDA. |
Varias ONGs dedicadas a la protección del patrimonio
arquitectónico anunciaron que irán a la Justicia para intentar que se
estiren los efectos de la ley que protege a los edificios porteños anteriores a 1941 . Además, convocaron para hoy a las 12 a una manifestación frente a la cerrada Confitería del Molino , que es un símbolo del deterioro del patrimonio urbano de la Ciudad.
Una ley que vence el próximo 31 de diciembre establece que todo el que pretenda demoler una construcción anterior a 1941 debe solicitar autorización al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP). Este organismo evalúa si el inmueble en cuestión tiene valor desde el punto de vista arquitectónico o histórico y en consecuencia decide si da o no la autorización.
Distintos bloques de la oposición en la Legislatura intentaron que la ley se prorrogara por otro año, pero el bloque del PRO, que es la primera minoría, rechazó que el tema fuera tratado en el recinto. Ayer, ante la consulta de Clarín , en el ministerio de Desarrollo Urbano no quisieron opinar sobre el tema.
“Impulsamos que la Justicia actúe, frente a la negativa del Ejecutivo a cumplir con su obligación constitucional de preservar el patrimonio de la Ciudad . Y decimos el Ejecutivo porque la orden a los legisladores macristas de no tratar la ley vino del Gobierno”, dijo Santiago Pusso, de Basta de Demoler, una de las organizaciones que presentarán la acción de amparo junto a Fundación Ciudad, Proteger Barracas, Salvar Floresta y SOS Caballito, entre otras.
También la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos advirtió que los bienes arquitectónicos pueden “quedar librados a su destrucción por operaciones especulativas, produciéndose así un daño irreparable al rico patrimonio de nuestra Ciudad”.
Fuente: clarin.com
Una ley que vence el próximo 31 de diciembre establece que todo el que pretenda demoler una construcción anterior a 1941 debe solicitar autorización al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP). Este organismo evalúa si el inmueble en cuestión tiene valor desde el punto de vista arquitectónico o histórico y en consecuencia decide si da o no la autorización.
Distintos bloques de la oposición en la Legislatura intentaron que la ley se prorrogara por otro año, pero el bloque del PRO, que es la primera minoría, rechazó que el tema fuera tratado en el recinto. Ayer, ante la consulta de Clarín , en el ministerio de Desarrollo Urbano no quisieron opinar sobre el tema.
“Impulsamos que la Justicia actúe, frente a la negativa del Ejecutivo a cumplir con su obligación constitucional de preservar el patrimonio de la Ciudad . Y decimos el Ejecutivo porque la orden a los legisladores macristas de no tratar la ley vino del Gobierno”, dijo Santiago Pusso, de Basta de Demoler, una de las organizaciones que presentarán la acción de amparo junto a Fundación Ciudad, Proteger Barracas, Salvar Floresta y SOS Caballito, entre otras.
También la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos advirtió que los bienes arquitectónicos pueden “quedar librados a su destrucción por operaciones especulativas, produciéndose así un daño irreparable al rico patrimonio de nuestra Ciudad”.
Fuente: clarin.com
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